CASINOS / GOBIERNO / EMPRESAS = UTILIDADES

EN TODAS PARTES MI LADO ES LA IZQUIERDA NACI DE ESE LADO PERO NO NECESARIAMENTE NECESITO UN LADO PARA RECONOCER DONDE HAY GENTE BUENA Y DE LA OTRA: Cuando era niña habia males y malos hoy hay solamente malos, me he liberado de los males, la pobreza ajena me basta para sentirme pobre, la mia no me no basta. ES TRISTE….. el ver a un niño que ya no sabe que hacer, a los argentinos reclamando por su puesto de trabajo, y a los que deben solucionar esta situación año tras año indiferentes, quiero agradecer a todos aquellos que de una forma u otra hacen que llegue a mi información y a los que les molesta y me dicen porque me involucro “asi es todo” el eco de su voz me dice “asi eres tu” cada articulo publicado tiene su peso en historia y mis blog no podran ser leidos en un dia pero te aseguro que no permitiran que desconoscas la verdad y te ayudaran a que lo urgente no te haga perder de vista lo importante la estrategia y convivencia de los responsables indiferentes ARGENTINOS
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EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO
DEL JUEGO EN LA ARGENTINA (*)

-Diputado Provincia de Buenos Aires-

El Gobernador Felipe Solá intentará nuevamente extender las concesiones de los bingos y las tragamonedas por otros 15 años al vencer el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley 11.018, aprobada el 15 de noviembre de 1.990, que determinó las autorizaciones de funcionamiento de estas salas.

Esta nueva “concesión” se realizará por ley o por decreto, según se manifestaron públicamente las autoridades provinciales.

No se trata simplemente de obtener el pago del canon adelantado y en forma de contado para financiar parte del déficit presupuestario que se estima para este semestre del 2006 cercano a los mil quinientos millones de pesos, se trata de mantener vivo un negocio de exorbitantes ganancias para grupos de dudosa reputación.

Ahora bien ¿Puede el Gobernador por decreto ampliar esos plazos de concesión?, desde la lógica jurídica no, pero no podemos descartar que lo haga, toda vez que ya en el año 2.002 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia- nº 1372/2002- autorizó el funcionamiento de las máquinas electrónicas-tragamonedas- en las salas de bingo de la provincia.

Es mas, también por un decreto 356/2004 determino la asignación de las utilidades que le correspondían al fisco.
Sospechamos estar en presencia de un debate que para el Gobernador tiene como eje mantener la situación de ganancias extraordinarias de las empresas, y para nosotros una excelente oportunidad para que el Estado asuma nuevamente el rol de control sobre todos los aspectos del juego en la Provincia de Buenos Aires.
Es hora que terminemos con las prerrogativas para que el Gobernador habilite salas de bingos y tragamonedas por resolución interna de lotería, o por decreto y elaboremos una norma que contemple todos los aspectos del juego, inclusive las caídas de la licencias.
Sin embrago también queremos advertir que bajo el pretexto de cobrar por anticipado y en forma contado algunos años del canon, nuevamente se pretenda impulsar como moneda de cambio la posible instalación de tragamonedas en los hipódromo de La Plata y San Isidro, algo que ya había intentado (Felipe) Solá al momento de la remisión de la llamada Ley del Turf.
El canon que hoy recibe el fisco y que determina el decreto 356/2004, es escandalosos y las para máquinas tragamonedas –que es del orden del 15 por ciento-, se distribuyen en un 66 por ciento para el operador y un 34 para el fisco.



LAS UTILIDADES OBTENIDAS
El propio Instituto Provincial de Loterías y Casinos publico recientemente que para la explotación de los bingos la unidad de negocio creció entre el 2002 y el 2.005 un 332%.
Estos datos oficiales implican que desde el año 2003 al 2006 la actividad viene creciendo un poco mas de •300 Millones de pesos.
Paso de 385 Millones en el 2002 a casi 2000 millones en el 2006.
El Instituto reconoce que el fisco además percibió por canon aproximadamente 310 millones de pesos.
Esta prorroga de concretarse podría derivar si se mantiene el actual nivel de juego fijo, es decir si el mismo rompe con la tendencia de crecimiento que viene registrando año tras año, y que el propio Instituto resalta como curva de crecimiento sostenida en un negocio con utilidades $ 900 millones de pesos anuales para los operadores, multipliquemos esta cifra por quince años $ 13.500 casi tres cuartas partes del presupuesto provincial.
Ahora si la tendencia continúa a razón de incrementarse 300 millones por año, el negocio ascendería a una increíble cifra de utilidades para los operadores que se podría estimar en 30 Mil millones de pesos en ese lapso de quince años.
¿De donde surgirían estas cifras?
El presente cuadro expresa lo normado por la Ley 13063
PREMIOS 85%
UTILIDADES 15%
TOTAL 100%
UTILIDADES
Al operador 66%
Al Fisco 34%

A su vez el porcentaje destinado al fisco se distribuye de la siguiente manera, según el decreto 356/2004
Seguridad 20%*
Foprojue (Hipódromos) 19%
Fondo provincial de Educación 20%*
Programas de empleo 25%
Rentas Generales 11%
Municipios 5%
*Modificado por Decreto 1.767 del 30/9/2005
Con lo cual por cada 100 pesos que se juegan, 10 se los queda el operador y 5 son para el fisco. Y solamente S 1 va a educación, S 0.25 centavos para los municipios, $ 0.55 son para rentas generales, $ 1,25 son para programas de empleo, $ 0.95 centavos están destinados para asistir a los hipódromos y solo 1 peso es para la policía, además esta Legislatura aprobó, en el mes de febrero, un proyecto de mi autoría para pedir explicaciones sobre el control on-line de las tragamonedas, que aun no hemos obtenido respuesta alguna.
Para entender que hay detrás de esta medida elaboramos este informe de antecedentes históricos del negocio en la provincia y en la Nación que tiene el objeto de poner en escena todos los actores de un negocio millonario de distintas ramificaciones.

Ya en el año 2000 varios diputados provinciales bonaerenses, afirmaban que no se podía “sostener seriamente que el juego constituye una actividad generadora de riqueza: en el mejor de los casos, pueden producirse transferencias de recursos entre personas y/o regiones, pero de ningún modo esto resulta suficiente para cambiar la realidad en la que se encuentra inmersa la sociedad”.

Con el transcurso del tiempo y con las informaciones que surgieron de investigaciones realizadas por diversas comisiones investigadoras, por diputados y por periodistas especializados, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no sólo el juego no resulta suficiente para cambiar la sociedad o sus injusticias, sino que por el contrario es seguro que las profundiza, los que pierden su dinero en las miles de máquinas tragamonedas que hay en el territorio nacional son en su mayoría ciudadanos de clase baja o media baja (especialmente las mujeres y las amas de casa), principales perjudicados por una actividad que algunos sólo quieren considerar como un juego, cuando en realidad en muchos casos llega a convertirse en una adicción y una enfermedad.

Pero vayamos a la historia más reciente para empezar a comprender cómo fue creciendo el negocio del juego en nuestro país, en qué circunstancias y quiénes han sido y son sus principales beneficiarios.


CIUDAD DE BUENOS AIRES: LOS CONTROLES QUE “FALLAN”

Cuando quisimos averiguar sobre los controles en la provincia de Buenos Aires nos temíamos que la situación fuera similar al la que se produce en la ciudad.

Si hablamos de cifras actuales, la ganancia que dejó el negocio del juego sólo en la Ciudad de Buenos Aires el año 2004 fue de 1000 millones de pesos para las empresas (300 millones más que en 2003, es decir un 43 % más) y significó un canon para el Estado de 140 millones, repartidos entre ciudad y Nación. Pero la real cifra del juego en la Ciudad de Buenos Aires fue de 5431 millones de pesos, repartida en 2440 millones de pesos jugados por los apostadores en máquinas tragamonedas (45% del total), 2175 millones jugados en el Barco Casino de Buenos Aires (un 40%) y cifras menores en la quiniela (335 millones, un 6 % del total apostado); las ruletas electrónicas (270 millones, un 5%) y los cinco bingos de la ciudad (214 millones, un 4 por ciento).

Pero lo más increíble de todo esto es que estas cifras no son demasiado claras. ¿Por qué? Porque son cálculos del Instituto de Juego y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, que necesita para esto -por ejemplo en el Hipódromo de Palermo, donde están instaladas una cifra mayor más de 800 máquinas tragamonedas en que se juegan millones por día- del control de Lotería Nacional, que no cuenta con personal suficiente para vigilar lo que paga cada máquina, y a pesar de que hay un control on line de las tragamonedas, este control no es fiable en más de un sentido. ¿Por qué?

Una nota periodística firmada por Daniel Santoro en Clarín del 6 de febrero pasado, aclara el tema: “Ahora el Gobierno porteño quiere más controles. En principio, ya en julio del 2003 la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reclamó un mayor control sobre el sistema informático de captura de apuestas online de la Lotería que desde 1994 por contratación directa manejan Cirsa y Boldt con una ganancia del 7,2 por ciento de las apuestas. En sintonía con la SIGEN, el Instituto de Juegos de Apuestas porteño —que preside el ibarrista Jorge Gimeno— reclama acceder a ese control online de todas las apuestas y colocar inspectores en los lugares de las apuestas para evitar que se subfacturen las ganancias de los tragamonedas o de otros juegos”.

La pregunta cae de maduro: ¿para qué existe un control on line de las apuestas de máquinas tragamonedas si el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad no tiene acceso a esas cifras? ¿Y por qué el Gobierno de la Ciudad acepta esta situación verdaderamente irregular?

A la vez cabe preguntarse como mínimo si podemos considerar confiable un sistema de control regenteado por empresas –como Cirsa y Boldt- que son beneficiarias del mismo negocio que Casino Club.

LOS DUEÑOS DEL NEGOCIO: CIRSA, BOLDT, CODERE

Vamos a empezar a plantear algunos datos de las empresas y los empresarios protagonistas de esta historia, principalmente para entender cómo son las “relaciones peligrosas” que llevan a la unión del extraordinario y fabuloso negocio del juego y las apuestas con la financiación ilegal de los partidos políticos.

Comencemos por el caso de las ya nombradas Cirsa y Boldt, encargadas del control on line de las máquinas tragamonedas instaladas en la Ciudad de Buenos Aires.

Cirsa es una empresa de capitales españoles que, además de haber conseguido durante el menemismo la escandalosa concesión del extraordinario negocio de la lotería “La Solidaria” (negocio que aún mantiene) también es concesionaria del casino flotante de Puerto Madero. Por su parte, Boldt es un consorcio multinacional que incluye al grupo de inversiones Mirage y, junto a la empresa española CODERE (Compañía de Recreativos, operadora de agencias de lotería y concesionaria del 80% de los bingos bonaerenses) maneja otro negocio escandaloso como el del casino de Tigre (con 2500 tragamonedas) .

¿Se puede creer en las cifras que entregan estas empresas? Si la cifra total de juego en 2004 ha sido de 5400 millones, las empresas concesionarias de bingos, casinos y máquinas se habrían quedado, según estos datos “oficiales”, sólo con el 18 por ciento de lo jugado y le han dado al estado sólo un 2,5% de la ganancia como canon. ¿Es creíble esto? ¿Y qué pasó con el 80 por ciento restante de dinero?

Suponemos que una parte de lo recaudado por las empresas sirve para invertir, pagar sueldos y mantener los locales, pero ¿cuánto dinero pueden gastar en eso? ¿O estaríamos afirmando que los apostadores de la ciudad se han llevado en el 2004 más de 3 mil o 4 mil millones de pesos en premios? Volvemos a preguntar: ¿es creíble esto? Más sabiendo que no hay controles adecuados sobre el manejo de dinero que se hace en los casinos, bingos e hipódromos de la Ciudad de Buenos Aires.
Parece mentira pero las cifras no son casuales. Si recordamos los porcentajes del negocio del juego anteriores al decreto 600 de necesidad y urgencia que dicta Menem en 1999, veremos que antes de esa norma, el Estado se quedaba con el 80 por ciento de la ganancia de un casino y el 20 por ciento restante quedaba para la empresa concesionaria. En la actualidad, seis años después de la sanción de esa norma, las cifras son exactamente las contrarias, y así son publicadas en la nota ya citada de Clarín: “El Barco Casino —luego de pagar los premios— se queda con un 20 por ciento de la recaudación. De esa ganancia, la empresa retiene el 80% y el Estado, el 20, dijeron a Clarín especialistas del Gobierno porteño. Los tragamonedas del hipódromo de Palermo dejan una ganancia bruta del 10 % y pagan el 90% en premios. De esa ganancia, el 30% es para el Estado, el 25 para la empresa y el 45 para gastos operativos. Los bingos pagan el 65 por ciento en premios. El resto se divide así: 16,2 para el operador privado, 18 para el Estado y 1,8 para entidades de bien público. Con nombre y apellido, la mayor ganancia se la llevaron el Barco Casino (Cirsa de Barcelona) y el hipódromo de Palermo (Federico de Achával y el patagónico Cristóbal López). Y, en menor medida, los bingos de Belgrano, Lavalle, Congreso, Flores y Caballito, entre otros”.
Más allá de que el control on line de las máquinas tragamonedas corre por cuenta de las propias empresas, recordemos además que las tragamonedas representan el 45% del total de apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, y a través de esas cifras se puede ver como se fue dando vuelta el negocio en detrimento del estado y la sociedad, principalmente a partir del decreto 600 de Menem, que “distorsionó totalmente el espíritu de la ley 18.226 (de creación de Lotería Nacional) que era aceptar el juego a cambio de una importante ganancia para fines sociales", como afirma el constitucionalista Daniel Sabsay en Clarín. Sabsay hace además un análisis del significado político de esta decisión de Menem, con la que “se fue creando un berenjenal legislativo basado en decretos de necesidad y urgencia o resoluciones administrativas que permitieron que los presidentes legislen sobre el juego, en vez de hacerlo el Congreso” y a su vez se pregunta: “¿Qué circunstancia excepcional invocó Menem para recurrir a un decreto de necesidad y urgencia? Ninguna. Fue un mecanismo perverso para legislar en la clandestinidad y hacer desaparecer la deliberación en el Congreso. El juego ha sido una fuente de financiamiento espurio de la política y legislar de esta forma ha llevado a la desaparición de los controles”.
EL JUEGO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SOLÁ, EL CANON Y LAS MÁQUINAS EN BUENOS AIRES


El crecimiento del canon y el dinero aportado por los bingos con relación a la recaudación de los tragamonedas ha sido exponencial y extraordinario: en 2002, antes del decreto del gobernador Solá que aumentaría el canon al 34%, la cifra para el estado provincial era de 7,5 millones de pesos por año. Tras el decreto nombrado, y como las máquinas tragamonedas en la provincia aún no estaban conectadas on line con el sistema informático de control de la Lotería Nacional, los dueños de los bingos aportaron un canon de 52 millones de pesos en 2002. Luego esa recaudación llegó en 2003 a 260 millones de pesos. En tanto el año pasado, con una cifra superior a 6000 máquinas instaladas en la provincia , la recaudación que recibió el gobierno de Solá fue de 310 millones de pesos.

Otra vez la ecuación de Sabsay se repite: a cambio de mayor cantidad de dinero y de un manejo licencioso del mismo, desaparecen los controles y nunca se sabe la ganancia real de las empresas.

No contento ni satisfecho con esto, el gobernador Solá envió este año a la legislatura provincial una ley que pretendía aumentar en un 50 por ciento la cantidad de tragamonedas permitidas en cada bingo bonaerense. Mientras la ley actual permite una máquina cada dos asientos habilitados para el juego de bingo, Solá pretendió primero que esa cifra se duplicara, luego quiso establecer la relación en 1,5 máquinas cada dos asientos, y luego, como último recurso, sugirió que los bingos podían aumentar sus capacidades edilicias, así al entrar más sillas de bingo en cada uno, se aumentaría la cantidad de tragamonedas sin problemas.

Además, esta ley fue llamada “Ley Turf” porque a su vez el gobernador pretendía que en los hipódromos de Buenos Aires se pudiera apostar on line por competencias hípicas de Uruguay y otros países vecinos del MERCOSUR y que en esos países se permitiera el mismo negocio. ¿Qué ocurriría entonces con la posible evasión de divisas y el probable lavado de dinero si se permitiera aceptar apuestas de otros países en nuestro territorio, pagando con dinero nacional y a su vez se permitiría la entrada on line de dinero del que no se sabe nada de su origen?

Se nos dirá que esto ya ocurre en cualquier casino de Buenos Aires: ¿quién controla si un apostador que lleva dinero proveniente de delitos como narcotráfico o venta de armas no cambia su dinero por fichas, luego juega algunas de ellas, o ni siquiera realiza ese proceso, y sale del casino tan tranquilo con su dinero recién lavado?
Es verdad lo que estamos diciendo, pero ¿no es por lo menos algo llamativo que al gobernador de la provincia más grande y más poblada de la Argentina se le ocurra un negocio que favorece aún más el lavado de dinero en un ámbito de por sí peligroso como es el del juego? ¿A nadie se le ha ocurrido esto? ¿Cuántas declaraciones hemos escuchado en este sentido? ¿Hemos visto recientemente a algún funcionario de la UIF (Unidad de Información Financiera), organismo encargado de recabar datos sobre posibles lavados de dinero, criticando al gobernador Solá o llamándolo a la reflexión para que deje de lado sus excéntricas ideas de negocios?

Por suerte, estas sugerencias no fueron contempladas y el gobernador debió quedarse con las ganas de ver multiplicadas las tragamonedas en territorio duhaldista, pero igual Felipe puede dormir tranquilo y planear sin problemas la que será su próxima campaña proselitista, porque la ley aprobada finalmente en la Cámara le permite nuevamente contar con más cantidad de dinero por la recaudación de las máquinas instaladas en la provincia: como el canon aumentó por ley del 34 al 42 por ciento, se calcula que durante el 2005 la Gobernación recibirá 420 millones de pesos.

¿A cambio de qué ha conseguido este aumento de 110 millones de pesos el gobernador Solá? A cambio de que durante un año más (y van...) las tragamonedas sigan sin estar on line con el sistema de Lotería Nacional y todos hagan silencio en este sentido.

En este sentido: ¿quién controla entonces las ganancias de las empresas? ¿Qué cifras maneja la provincia para saber si la recaudación del canon pagado es la correcta? O en todo caso, si hace 10 años, las autoridades bonaerenses recibían apenas 3 millones de pesos por el negocio del juego y hoy cuenta con más de 400 millones por año, ¿les importará aunque sea un poco que haya controles claros sobre este negocio o lo que pretenden es precisamente lo contrario?

A guiarse por las cifras que entregan las empresas, digamos que si el canon a pagar en 2005 será del 42% y representaría unos 420 millones, el total del juego en la provincia sería de aproximadamente 1000 millones de pesos. Pero si la cifra “oficial” en la Ciudad de Buenos Aires es de aproximadamente 5500 millones, ¿puede ser creíble que en todo el territorio bonaerense se juegue una cifra cinco veces menor?

Claro que el gobernador ha dicho que el dinero recibido en concepto del canon será utilizado para programas de Salud, Desarrollo Social y Seguridad. No tenemos razones para no creerle, ¿verdad?

JUEGO Y POLÍTICA: UNA HISTORIA POCO CLARA

Pero volvamos a la historia del juego en los años ´90. Recordemos primero que el negocio del juego comienza a crecer durante el gobierno menemista casi al mismo tiempo que Domingo Cavallo comienza desde el Ministerio de Economía el proceso de privatización de los servicios públicos, y creemos que esto no es ninguna coincidencia, pero ya explicaremos más tarde porqué. Todo comienza en 1990 con la creación por decreto del Loto tradicional, el Loto 5, Fantasía y el Loto 15, a los que se le agregará en 1995 el Desquite y en 1996 la Yapa. A su vez en esos años se agregan dos sorteos más a la quiniela y en 1993 surge la quiniela poceada.

Es precisamente en 1993 que se produce el primer gran salto del negocio del juego, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno presidido por Menem autoriza las salas de bingo que se abren en la zonas del centro y microcentro, en Congreso, Flores, Caballito y Belgrano. Este mismo proceso, fogoneado políticamente por el gobernador Eduardo Duhalde, se producirá en la provincia de Buenos Aires, primero con la instalación de más de 40 bingos en el Gran Buenos Aires y luego con la polémica instalación del Casino de Tigre, donde funcionan 2500 máquinas tragamonedas.
¿Cómo y cuando se completa este proceso a nivel nacional? En 1995, cuando las provincias obtienen su autonomía para manejar el tema de los juegos de azar. A partir de allí sólo queda fuera de este proceso la provincia de Santa Fe, donde no están permitidos los bingos ni los casinos, aunque en Rosario funcionan bingos amparados por el Poder Judicial de la provincia. Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires (con los particulares casos del Hipódromo de Palermo y el Barco Casino de Puerto Madero), Mendoza, San Luis, la Patagonia entera (desde donde se hace fuerte Cristóbal López y se proyecta hacia el resto del país), Córdoba (donde funcionan casinos en 11 ciudades, algunos concesionados a Benito Roggio, y la publicidad oficial del gobierno se vanagloria de tener la provincia con más casinos del país), Misiones, Entre Ríos y La Pampa son plazas fuertes de este negocio, pero hay varias provincias más con casinos o salas de juego habilitadas.

CRISTOBAL LÓPEZ: EL “YABRAN” DE KIRCHNER

Los pool de empresas más fuertes en el negocio de los casinos son tres: el primero de ellos y el que a nosotros más nos interesa investigar –por la obvia relación del juego con el financiamiento espurio de la política- es Casino Club S. A. La diputada Fabiana Ríos decía en su informe preliminar sobre el financiamiento de la obra pública y el clientelismo, que “la empresa Casino Club es de Cristóbal López, empresario que en los últimos diez años ha llegado a convertirse en el máximo exponente de los Casinos en varias Provincias del País, con un importante desarrollo en la Región Patagónica y fuerte presencia en Santa Cruz, donde tiene 3 de sus 11 casinos. Entre otros emprendimientos, Casino Club es una de las empresas concesionarias de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo”.

Cristóbal Manuel López es un empresario con negocios absolutamente diversificados: sus negocios van de la representación de las compañías petroleras en Argentina (a través de su empresa Oil) al transporte de insumos de diverso tipo; de la inversión en proyectos frutihortícolas a la propiedad de todos los medios del transporte “público” en la provincia de Neuquén; de la producción de caballos criollos a la propiedad (nunca reconocida) del diario El Patagónico, de Comodoro Rivadavia.

Las relaciones de López con el poder político de su provincia de origen no podrían ser mejores, ya que ostenta tan buena relación con el ex gobernador de Chubut -hoy senador nacional por la UCR- Carlos Maestro, como con el actual gobernador, José Luis Lizurume. A su vez, López es dirigente tradicional de la sociedad andaluza Al-Andaluz y participa en la Fundación Chubut Produce –cuyo titular es Maestro- que junto a Repsol YPF y Pricewaterhouse Coopers, anunció un proyecto productivo en el Valle de Sarmiento que consiste en la plantación de 1.000 hectáreas de cerezos.

La historia del origen de Casino Club se remonta precisamente a la provincia de Chubut, en el año 1991, cuando la empresa comienza con el proyecto de su primer casino, ubicado en Comodoro Rivadavia, que se inauguraría finalmente el 1º de julio de 1992. El contexto de la ciudad en que López abre su primer emprendimiento del juego indica que a Comodoro Rivadavia se la llama “la capital del crudo y el gas patagónicos”, porque aunque la explotación de hidrocarburos es mínima y se hace con dificultades que encarecen los costos, a pesar de eso han quedado allí las representaciones de las compañías petroleras, otro de los negocios de López a través de su empresa Oil.

En realidad, Casino Club no tiene mayor presencia en Santa Cruz sino en Chubut, donde están ubicados 4 de sus casinos (además del de Comodoro Rivadavia -ciudad de donde es originario López- tienen uno en Trelew, otro en Playa Unión y otro en Villa Rada Tilly) y 3 de sus 10 salas de máquinas “Casino Club Tragamonedas”.
En la provincia de Santa Cruz sí está ubicado el Casino Club Río Gallegos, que fue inaugurado por el propio Néstor Kirchner el 1º de febrero de 2003, cuando tiró la primera bola. Kirchner es un amante del juego de ruleta y por esto llegó a la conclusión de que era importante para el esparcimiento de locales y visitantes contar con juegos de azar.

Además, la empresa de López tiene dos casinos en Tierra del Fuego (Ushuaia y Río Grande), uno en Misiones (donde se ubica la mayor cantidad de salas de máquinas tragamonedas ya que tiene 6 en lugares estratégicos de la provincia), uno en La Pampa (además de otra sala de tragamonedas), uno más La Rioja y otro en Mendoza.

¿Cómo es que se dio la expansión de este empresario chubutense en varias provincias del país? Digamos que si el juego de azar es una de las actividades que más vincula a la política con los negocios pero no es fácil liderar la actividad de las apuestas si se carece de una compleja trama de relaciones. Y es eso precisamente lo que Cristóbal López fue tejiendo paulatinamente: una trama que le permitió tener conexiones tan importantes como para explotar un casino en La Rioja, donde Ángel Maza gobernaba por cuenta y orden de Carlos Menem, y tres en Santa Cruz, donde hasta hace poco gobernó el hoy presidente, Néstor Kirchner. Son conocidas las incompatibilidades entre Menem y Kirchner, pero para López no fueron un obstáculo en la expansión de Casino Club.

Pero las coincidencias entre los negocios de López, el expresidente Menem y el presidente actual, Néstor KIrchner no terminan ahí: durante la reciente campaña proselitista nacional, hubo dos aviones que acumularon horas de vuelo y consumo de combustible por cientos de miles de pesos. Uno fue el de Aerolíneas Argentinas que la empresa Marsans puso a disposición de Carlos Menem y el otro, el que Casino Club le otorgó a Kirchner, dos apuestas no equivalentes en su contenido pero sí en sus propósitos de armonizar el poder y los negocios.

Un diario patagónico explicó a su vez que López mantiene una relación tan importante con Kirchner que, durante la campaña proselitista del santacruceño, cuando se habían producido algunas denuncias sobre el uso irregular del avión sanitario de la provincia de Santa Cruz para temas personales del matrimonio Kirchner, Casino Club le proporcionó un avión al hoy Presidente para usarlo a destajo.

La expansión de López continuó en otras provincias, por ejemplo en Misiones, donde él y su 2º en Casino Club, Ricardo Oscar Benedicto, acordaron con Ramón Puerta, por entonces gobernador de la provincia, la apertura de una casa de máquinas tragamonedas en la terminal de ómnibus de la ciudad de Posadas, en 1998. Luego, en 1999 abrieron un segundo local, en la costanera de la ciudad, frente al denominado Parque Paraguayo. Más tarde, ya con Carlos Rovira en la Gobernación misionera, Casino Club abrió un 3er. local de tragamonedas, en la intersección de las avenidas Uruguay y Centenario; un 4to. local –que incorporó ruletas electrónicas- en el microcentro de Posadas; un 5to. centro, en la principal rotonda de acceso a la ciudad; y un 6to. local, el 27 de septiembre de 2002, en el barrio de Villa Cabello, un conglomerado urbano en las afueras de Posadas. Así, de las 10 salas de tragamonedas que tiene Casino Club en todo el país, el 60 % por ciento están en Misiones.

De la misma manera que López negoció sin problemas con los dos gobernadores misioneros que ocuparon el poder en los años de su expansión, así comenzó su relación con el gobernador Carlos Maestro en el poder provincial chubutense y la continuó con Lizurume, sin que advirtiera cambio alguno.

Por otro lado, con el gobernador de La Pampa, Rubén Marín, se negoció la apertura, en Santa Rosa, en diciembre de 2000, de un casino de 5.000 m2 y fuentes de agua iluminadas; más tarde llegaría un 2do. local, una sala de máquinas “Casino Club tragamonedas” bautizada Hilario Lagos, ubicada en el microcentro de la ciudad capital.
Para entonces, Casino Club ya había ingresado a la provincia de Mendoza, aunque en forma limitada, porque sólo se estableció en el Valle de San Rafael, con un casino en Emilio Civit 70, que tiene el doble de la cantidad de mesas de ruleta del que abrieron en 25 de Mayo 74, ciudad de La Rioja. En la provincia de los Menem se afirma que la autorización a Casino Club fue el último acuerdo al que llegaron el gobernador Ángel Maza y el intendente de la capital provincial, Luis María Agost Carreño, hoy enfrentados sin retorno.

A su vez, un diálogo muy importante con el gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti, le permitió a Cristóbal López abrir un casino en Río Grande y otro en Ushuaia.

Pero no nos preocupemos por los flacos bolsillos de los apostadores que pueden llegar a perder su salario entero en una sola noche, porque tampoco se preocupa el Estado, ni por las finanzas ni por la (no) ética de aceptar canones sin controlar a las empresas o no hacer que se respeten las leyes como corresponde. Porque por todos nosotros sí se preocupa Casino Club, que tiene “una nueva concepción de casinos en la Argentina, que ofrece un lugar de apuestas muy popular pero de jerarquía en la elegancia y el confort de sus salas”, además de “un importante reconocimiento y respeto de las comunidades en las que desarrolla sus actividades”, según informa esta empresa, que se vanagloria de haber “logrado posicionar sus salas como genuinos ámbitos de recreación”.

Pero el poder de López y Casino Club en su zona de influencia es mucho mayor todavía de lo que parece a primera vista, tanto es así que lo han llamado “el Yabrán de la Patagonia” y ese mote fue justificado de esta manera: “Algo de Yabrán por su forma de ocultarse, y a pesar de presidir el negocio del petróleo mantenerse casi en el anonimato”. También se señaló, con ironía: “Es un gran señor. Invierte en petróleo, en tierras patagónicas, en regalos, realmente es un empresario argentino que confía, y pone millones de dólares en el país. No podemos ser tan mezquinos y preguntarle de dónde vienen los millones. Bueno, le recomiendo al que quiera hacer algo en el negocio del petróleo, que se ponga de su lado si pretende llegar lejos y no quiere terminar en un pozo” .

Sin embargo, ésta podría ser una visión muy subjetiva de López. Habría que complementarla con la que brindó la página de remates de ovinos del diario Crónica, de Comodoro Rivadavia, al comenzar la temporada 2002 de exposiciones rurales: “El año pasado, el Gran Campeón -de la Cabaña Rayhuao- se vendió en 24 mil pesos a la Cabaña La Nicolasa (Lago Blanco), propiedad del empresario Cristobal López. Esto resultó un verdadero batacazo en un país que ya atravesaba el tobogán hacia una crisis muy profunda. Ese precio no lo podemos ni mencionar. Ojalá nos equivoquemos, pero será prácticamente imposible acercarse a una cifra similar. Además hay que tener en cuenta la forma de pago, las trabas que existen y que siempre hablaremos de pesos a la hora de las ventas. En el 2001, $24.000 eran además US$24.000, una suma imposible de mencionar en estos tiempos de dolar flotante”.

Por su parte el diario El Patagónico (de Comodoro Rivadavia), que también fue vinculado al empresario, ratificó la impresión de que López es muy influyente en la zona: “Empresarios de servicios petroleros, de la construcción comerciantes, medios de comunicación y ganaderos conformaron un frente común para defender los intereses de Comodoro Rivadavia, en el marco de la actual crisis. Ayer, plantearon la crisis terminal de la ciudad -según la definieron- al gobernador José Luis Lizurume, en una reunión desarrollada en la Sociedad Rural, para que tomara decisiones que reviertan la situación de desventaja que históricamente le han asignado a Comodoro Rivadavia. Mucha gente no percibe los momentos que empieza a vivir Comodoro Rivadavia, que ahora son difíciles, pero lo que viene puede llegar a ser aun peor, dijo Cristóbal López a modo de advertencia. Él apuntó a la necesidad de que los diferentes actores de la comunidad participen en el reclamo: Hemos estado durmiendo mientras la provincia hacía cosas de las cuales no llegó nada a esta ciudad. En lo que se refiere a las regalías, López explicó que la devaluación generaría recursos extraordinarios no previstos para la Provincia del orden de los $ 120 millones ó $ 140 millones, que fue el número que recibió el año pasado. Apuntó entonces que, de ese monto, sólo llegaron seis millones a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, es decir alrededor del 5% de lo que mandamos a Rawson. Tras señalar que el excedente debería enviarse a esta ciudad, el empresario aseguró que no estamos de acuerdo en seguir en estas condiciones”.


LA LLEGADA DE LOS “PINGUINOS” A LOTERIA NACIONAL

Cristóbal López nunca se resignó a que su presencia en el negocio se vea reducida a sólo 7 provincias por lo que sumó –tras una polémica de carácter nacional- a Casino Club en la instalación y concesión de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, en sociedad con HAPSA (Hipódromo Argentino de Palermo, Sociedad Anónima), presidida por Federico de Achával.

En realidad, podemos remontar el comienzo de esta expansión definitiva hacia el ámnbito nacional con un hecho que ocurrió a fines de noviembre de 2002, en el Yatch Club de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, cuando con la conducción de la secretaria de Gerardo Sofovich, Laura «Panam» Franco, el entonces secretario de Turismo, Daniel Scioli, hoy vicepresidente de la Nación, coronó a Casino Club como la empresa más trascendente de Latinoamérica en la industria de juegos de azar, en el 10° Aniversario de la feria internacional de la industria de casinos, SAGSE. La estatuilla del orfebre Juan Carlos Pallarols le fue entregada a Ricardo Benedicto, vicepresidente ejecutivo; al director y gerente general Héctor José Cruz y al director Juan Castellanos Bonillo. Fue éste el desembarco oficial en el centro porteño, anticipando que Kirchner llegaría a la Casa Rosada, una inversión que no le falló a Casino Club, que ahora, aparentemente, se apresta a multiplicar sus negocios con Kirchner.

La polémica sobre el funcionamiento de las máquinas tragamonedas en la Ciudad había comenzado en 2001, cuando el presidente Fernando De la Rúa había autorizado por decreto la instalación de tragamonedas en los cinco bingos, las siete agencias hípicas de la Capital y el Hipódromo, pero una presentación del abogado Ricardo Monner Sans había bloqueado ese decreto (y aún se mantiene así).

Luego, en 2002, el que media en la cuestión es el entonces presidente de Lotería Nacional, Carlos Gallo, quién firma una polémica resolución que salta por encima de la prohibición existente, pero sólo para favorecer al Hipódromo de Palermo, al que le permite instalar 600 máquinas tragamonedas, a pesar de que en el contrato de licitación que otorga la concesión del Hipódromo no figura ningún permiso para la explotación de ese tipo de máquinas.

Posteriormente, durante el mandato de Aníbal Ibarra al frente del Gobierno porteño, se firma un convenio entre la Ciudad y el Gobierno Nacional presidido por Eduardo Duhalde, que permite los tragamonedas en el Hipódromo, con una aprobación del convenio en la legislatura porteña en noviembre de 2003. Un mes después es el presidente Kirchner quien firma el decreto 1155 que deroga el decreto de De la Rúa que autorizaba la instalación de tragamonedas en los 5 bingos de la Ciudad. Esto obviamente produce la reacción de los dueños de los bingos porteños, que denuncian que Kirchner los “deja afuera del negocio para que no haya competencia”.

Al mismo tiempo, en el decreto 1155 por supuesto se aclara que se mantiene la resolución de Lotería Nacional firmada por Gallo que permite el funcionamiento de las tragamonedas en Palermo.

Recordemos que la resolución de la controversia de la Ciudad de Buenos Aires se dio días después de la asunción del Presidente. Quienes conocen la política porteña afirman que el primer acuerdo entre el presidente Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra no fue el apoyo de Alberto Fernández -entonces legislador de la Ciudad- al Jefe de Gobierno porteño, a través de la filial local del Frente para la Victoria, sino este acuerdo entre ambos mandatarios con relación a la actividad que transcurre en el Hipódromo de la Ciudad de Buenos Aires, y su eventual ampliación a otras salas porteñas, en las que hoy tampoco pueden instalarse máquinas tragamonedas.

A su vez, es conocido que Cristóbal López mantiene una estrecha relación con Lotería para Obras de Acción Social (Loas), la sociedad estatal de la provincia de Santa Cruz que regula los juegos de azar.

¿Por qué se favorece desde el gobierno nacional a Casino Club en detrimento de las que manejan los bingos capitalinos? La explicación la dio el actual titular de Lotería Nacional (y ex ministro de Economía de Kirchner en Santa Cruz) Waldo Farías, quien argumentó que en los primeros 10 años de concesión la empresa de Achával perdió 87 millones de dólares en el Hipódromo; que “la actividad del turf está cada día más deprimida” y se la debe apoyar con otros ingresos. Se sabe que para el negocio de tragamonedas Achával (HAPSA) está asociado con López (Casino Club) pero ¿en qué porcentaje? Las declaraciones de Farías son evidentemente excusas y no representan más que una cortina para no decir que el verdadero beneficiado por estas resoluciones nacionales es el empresario -muy ligado al kirchnerismo- Cristóbal Manuel López.

Pero las relaciones entre el gobierno nacional y Cristóbal López no se terminan allí sino que cubren otras estructuras de rango ministerial: cuando la ministra de Desarrollo Social, Alicia Margarita Kirchner, decidió cuál sería la estructura que la acompañaría, ella y su hermano -el presidente Néstor Kirchner -coincidieron en designar al frente de Lotería Nacional Sociedad del Estado, a Jorge Álvarez, quien venía presidiendo Loas, en la provincia de Santa Cruz. Ahora Álvarez será secundado por Andrés Cimadevilla, quien se desempeñó antes como Presidente del Instituto de Asistencia Social de la provincia de Chubut (conocido por una iniciativa suya para prohibir que el zoológico de Rawson tenga animales en cautiverio, para bajar los costos de mantenimiento); y por Alberto Mario Armentano, ex jefe de Asesoría Letrada del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (de la confianza de José Octavio Bordón y Juan Manuel González Gaviola, socios políticos de Kirchner).

De esta manera, Lotería Nacional es un claro eje de entendimientos entre Kirchner y el gobernador de Chubut, José Luis Lizurume. Allegados al gobernador chubutense afirman que cuando ambos hablaron a solas, en Rawson, hace algunos días, Lotería Nacional fue un tema de diálogo. A su vez, digamos que tanto Jorge Álvarez como su segundo Andrés Cimadevilla, quienes se frecuentaron como socios de Alea (Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina), tienen un conocimiento directo desde hace mucho tiempo con Cristóbal López -vecino de Comodoro Rivadavia, Chubut- que hoy maneja diversos proyectos de expansión como el futuro nuevo Casino Club de Río Gallegos, capital de Santa Cruz.

En cuanto a la trayectoria anterior de Alberto Armentano, precisamente éste se desempeñó como Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la ya nombrada Alea.

Además, no contentos con esto, en julio del año pasado, el presidente Kirchner y Waldo Farías vuelven a favorecer a Casino Club, otra vez desde una resolución dictada por Lotería Nacional, que autoriza a la empresa de Cristóbal López la instalación de un máximo de 3 mil máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo, a la vez que se le permite a Casinos de Buenos Aires (de la española Cirsa) alquilar el buque panameño Mississippi River para instalar un segundo barco casino además del que ya funciona actualmente en Puerto Madero (Estrella de la Fortuna).

“Lejos estamos de mantener alianzas espurias”, se defendió frente a Clarín el presidente del Barco Casino, Pablo Gabriel Guelman, cuando fue consultado por esta polémica resolución que le permitirá a Cirsa concentrar el casino en el barco “Estrella de la Fortuna” mientras instala 3000 tragamonedas en el barco panameño, que alquilará hasta que termine de construir uno de origen nacional en Tandanor.

“Alianzas espurias”: pareciera que esta gente sabe elegir bien las palabras que usa para defenderse. Pero la cuestión no queda así porque una nueva presentación de Monner Sans suspende el convenio entre la Nación y la Ciudad y la autorización para que Cirsa ponga en funcionamiento el segundo barco. Allí es donde aparece ALEARA (el sindicato de trabajadores de los juegos de azar), presidido por el menemista Daniel Amoroso que, como no permitiría jamás semejante injusticia, acusa por abuso de autoridad al juez que había desautorizado la resolución de Lotería Nacional.

Por su parte, ni lerdo ni perezoso, Aníbal Ibarra, que no quiere perder ni un centavo de los millones que entrega el juego de apuestas en la Ciudad, apela a un tribunal de segunda instancia y consigue que se autorice el ingreso de los 70 millones de pesos del canon a las arcas de su gobierno.

Hoy, entonces, la expansión de las máquinas tragamonedas en la Ciudad ha quedado en un suspenso relativo, porque desde el gobierno nacional se siguen haciendo gestiones para permitir que Casino Club pueda tener sus 3 mil máquinas instaladas en el Hipódromo de Palermo.

Tan seguro está Cristóbal López que sus “aliados políticos” le responderán con creces que, según nos aportan testimonios de trabajadores y ex trabajadores del Hipódromo, la empresa del patagónico ya tiene una gran sala de juegos casi lista para ser inaugurada en los próximos meses y está construyendo otra más al lado de las que actualmente funcionan ininterrumpidamente las 24 horas del día. Con esas dos inauguraciones, seguramente Casino Club estará llegando al límite de las 3000 máquinas instaladas, un 500 por ciento más de la cifra original de tragamonedas (seiscientas) que se le había permitido instalar allí.

Para entender porque López confía tanto en lo que harán sus aliados patagónicos, debemos recordar que la relación Kirchner-Casino Club no empieza ni termina con las polémicas surgidas por los caprichosos decretos y resoluciones referidas a la instalación de tragamonedas en la Ciudad de Buenos Aires. Noticias publicadas en varios medios provinciales y nacionales aseguran que cuando en plena campaña presidencial del 2003, Kirchner dejó de utilizar el avión sanitario de la provincia tras un escándalo mediático, no fue otro que Cristóbal López quien le facilitó un avión de su propiedad para continuar haciendo proselitismo con vistas a las elecciones de ese año, que son las que finalmente lo llevaron al poder.

No es llamativo entonces que a pocos meses de asumir su gobierno, el presidente Kirchner firmara con Aníbal Ibarra el convenio que finalmente permitió a López iniciar el negocio de las tragamonedas en Palermo. Dice sobre la firma del convenio entre la Ciudad y la Nación la nota de Daniel Santoro: “La negociación la entablaron los jefes de Gabinete de Kirchner e Ibarra, Alberto Fernández, y Raúl Fernández, respectivamente. Este explicó a Clarín: Conseguimos repartir el canon con la Nación, que el juego no se expanda más sin nuestra participación y poner en marcha un proceso para el traspaso total del control del juego a la Ciudad”.



“QUE EL JUEGO NO SE EXPANDA MÁS
SIN NUESTRA PARTICIPACIÓN”

¡Qué frase esclarecedora! ¡Que bien hubiera quedado en boca de Alberto Fernández! Las preguntas para los gobiernos nacionales y de la ciudad serían: ¿Para qué querrían ampliar su participación en el negocio del juego? ¿Para controlar verdaderamente el canon que pagan las empresas? ¿Para saber cuánto dinero se juega, cuánto dinero pagan las empresas concesionarias a los apostadores y cuánto ganan realmente gracias al desarrollo de un negocio que el propio Estado permite, favorece y apaña?

Y si creemos que realmente quieren saber cuánto dinero se paga y cuánto se gana, ¿por qué no hacen las gestiones correspondientes para que los empleados de Lotería Nacional que trabajan –por ejemplo- en el Hipódromo de Palermo puedan controlar como corresponde? ¿Sabrán que en la pequeña oficina de Lotería que hay allí solo tienen dos computadoras? ¿Estarán enterados de que la ínfima cantidad de empleados del organismo nacional que cumplen sus tareas allí no alcanza ni en sueños para controlar las más de 800 máquinas tragamonedas que Casino Club hace trabajar las 24 horas del día?

¿Les importarán todos estos datos, que seguramente saben de memoria? ¿Cuánto harán para que alguna de estas injusticias cambie? ¿O cuánto serán capaces de hacer para que todo siga igual y nada cambie?

Por si los datos aportados no son suficientes para comprobar la efectiva relación entre los miembros del gobierno actual y las empresas Casino Club y Casinos de Buenos Aires (Cirsa), sumemos una información aportada nuevamente por el Dr. Ricardo Monner Sans, quién denunció que en 2001 la empresa Cirsa le pagó 15 mil dólares en pasajes aéreos a Madrid al entonces Procurador General de la Nación, Carlos Bettini, actual embajador en España de la administración Kirchner, acusado precisamente por encubrir el escandaloso affaire de las “narcovalijas” de los viajes Buenos Aires-Madrid. Esta causa fue sobreseída por el Juez Jorge Ballestero con la particular explicación de que Bettini había recibido ese dinero por cuestiones personales de un amigo suyo que, casualmente, era un directivo de Cirsa. Más allá de que opinen desde una óptica comercial y de negocios, el favoritismo del gobierno nacional por el empresario Cristóbal Lopez y los capitales españoles de Cirsa es absolutamente evidente para el resto de las empresas que disputan el tema del juego en la ciudad de Buenos Aires, quienes denuncian al presidente Kirchner: “El decreto Kirchner es discriminatorio y favorece a la empresa Casino Club que preside López”, dijo a Clarín el abogado de los cinco bingos porteños, Rubén Lombardi. “Hay un acuerdo de hecho entre las empresas que operan el Barco Casino y el hipódromo de Palermo para repartirse el mercado”, afirmó el letrado, que interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.

Más allá de lo que pueda decir o no la Corte Suprema de Justicia en este caso específico, el avance expansivo de los negocios de López no se detiene y en los próximos meses podríamos verlo inmerso en la construcción de emprendimientos de Casino Club en las provincias de Santa Fe y Tucumán. En el caso de Santa Fe, lamentablemente ya fue aprobada por la legislatura provincial la instalación de tres Casinos y hasta cinco bingos, que estarían ubicados de la siguiente manera: en la ciudad de Rosario, se permitiría la instalación de un casino y dos bingos; en Santa Fe capital, un casino y un bingo y en el departamento General López, en el área de la Laguna de Melincué, un casino. Allí también podrían funcionar simultáneamente juegos de ruleta, cartas, dados y máquinas tragamonedas. Las concesiones para la explotación del negocio tendrán una duración máxima de 30 años para los casinos y de 10 para los bingos.

En el caso de Tucumán la situación parece más difícil para el presidente Kirchner y para el gobernador Alperovich. Los distintos medios provinciales han difundido la polémica que ha surgido en la provincia a partir de la intención del gobernador de permitir la instalación de casinos y tragamonedas, y se afirma en varios diarios tucumanos que hay un pacto implícito entre ambos mandatarios, por el cual el presidente le aseguraría a Alperovich su apoyo en las próximas elecciones provinciales (donde encabezaría las listas de diputados la esposa del gobernador) a cambio de que éste permita la entrada del Casino Club de Cristóbal López en Tucumán.

Hasta ahora la cuestión no está resuelta, pero varios medios tucumanos aseguran que el gobernador no cesará en sus esfuerzos para favorecer al empresario patagónico aliado del presidente, porque sabe que necesita del apoyo de Kirchner para mantener el poder en la provincia.

CODERE Y SU EXPANSIÓN LATINOAMERICANA

Para cerrar el círculo de los dueños del negocio del juego en Argentina, tenemos que explicar cuál es la conformación de la empresa española CODERE y sus negocios en el exterior y, posteriormente, cuál es la presencia de otro protagonista importante en nuestro país: Samuel Liberman.

Compañía de Recreativos (CODERE) es una empresa decicada a la fabricación y explotación de máquinas tragamonedas que surgió en 1978, cuando se legaliza el juego en España. La empresa está conformada por dos familias españolas de un renombre algo siniestro: Franco (los hermanos Jesús y Joaquín) y Martinez Sampedro (José Antonio y Javier).

En la embrollada estructura de la compañía (subdividida en más de 100 empresas, clásico artilugio para las constantes triangulaciones que hacen los lavadores de dinero) vemos que CODERE a su vez pertenece al grupo JJJJ (por las iniciales de los 4 hermanos) y en esa estructura los Franco se dedicaron siempre a la fabricación de tragamonedas (hoy tienen un 40 % del paquete accionario del Grupo) y los Sampedro (36% de la acciones de la empresa) a comercializarlas.

Con el transcurso de los años, el crecimiento del negocio del juego en España ha sido enorme, y según estadísticas recientes, además de ser el primer país europeo en número de máquinas tragamonedas por habitante, el gobierno catalán ha denunciado que la mitad del dinero que se juega en ese país no paga impuestos. Así, con condiciones realmente favorables, Codere se expandió hacia Italia y hacia América, manejando negocios en México, Colombia, Chile, República Dominicana, Panamá, Venezuela y, por supuesto, Argentina.

De la misma manera que en la provincia de Buenos Aires CODERE estrechó relaciones políticas cada vez más cercanas con el entonces gobernador Eduardo Duhalde, así también lo ha hecho la empresa española con el presidente Néstor Kirchner, con quién se reunió en agosto del año pasado el director financiero de CODERE AMERICA, Robert Gray, quién anunció inversiones en el país por 600 millones de dólares, con la condición de que se estableciese “un marco legal que estimule la transparencia jurídica y operativa a través de la realización de licitaciones públicas, entre otras condiciones”. No hay que ser demasiado sagaz para leer en estas declaraciones de Gray una crítica velada al gobierno nacional por su innegable preferencia por Casino Club y Cirsa en las licitaciones de casinos y bingos en distintos lugares del país.

Pero esta práctica de hacerse rápidamente de amigos en la clase política y “presionar” a las autoridades con retirar sus negocios con el repetido discurso de la “seguridad jurídica” no había comenzado para CODERE aquí en Argentina, sino que la empresa había asentado fuertemente sus “relaciones peligrosas” durante su crecimiento exponencial en España, al punto tal que sus directivos no sólo han tenido amigos tan importantes como (obviamente) el presidente de la Comisión Nacional del Juego española y varios subsecretarios de Estado y de Interior, sino que su red de amistades incluyó jueces, comisarios y hasta una candidatura a concejal por el Partido Popular de uno de los hermanos Sampedro.

LIBERMAN, CODERE Y BOLDT: LAVADO, EVASIÓN
Y TODO TIPO DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

El actor que falta para completar el mapa del negocio del juego en Argentina es el empresario de medios de comunicación Samuel Liberman, quien fue dueño de la operadora de cable VCC (Video Cable Comunicación), vendida más tarde al CEI Citicorp Holding, grupo de inversiones del Citibank (que cedió el 50% de la empresa al megaoperador de cable Multicanal –Grupo Clarín- y el otro 50% lo fusionó con Cablevisión). Así, en la segunda mitad de la década del ´90, el CEI llegó a conformar junto a Telefónica de España, el multimedios más fuerte de la Argentina (con Telefé, Canal 9, Cablevisión y varias radios AM y FM a la cabeza del mismo).

Hoy Liberman es titular de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones y de la Sociedad Argentina de Medios. A través de ésta última participó en los últimos años en la fundación de la revista El Planeta Urbano y en el BAE (Buenos Aires Económico, luego Infobae, tras su compra por parte de Daniel Hadad). Las informaciones aseguran que Liberman fue dejando el negocio de los medios cuando amplió su presencia en el tema de los juegos de azar.

Además, este diversificado empresario se quedó con varias de las propiedades adjudicadas a Alfredo Yabrán (el Hotel Arapasis y el complejo Terrazas al Golf de Pinamar), es inversor del Hotel Hyatt en Buenos Aires, promotor de juegos offshore desde Panamá y las Islas Caimán y socio en partes iguales de la Sociedad Hípica Rioplatense, que controla junto a CODERE el Hipódromo Maroñas de Montevideo, aquel que quería hacer un acuerdo con el gobernador Solá (acuerdo que el propio presidente Jorge Batlle pidió a los senadores bonaerenses que aprobaran en la Cámara) para que se permitieran las apuestas on line entre Buenos Aires-Montevideo y Montevideo-Buenos Aires para las carreras de caballos que se hicieran en el Maroñas y en el Hipódromo de la Plata.

Si chequeamos que entre los intereses de Liberman está la promoción de la industria de los juegos Offshore no será sorpresivo en lo más mínimo encontrarlo detrás de esta increíble operación del simulcasting (o apuestas simultáneas) que quiso inaugurar desde el Maroñas en el año 2003. A su vez, no olvidemos la asociación entre Liberman y CODERE-Boldt, empresas que fueron investigadas por lavado de dinero, evasión de impuestos y fuga de divisas al exterior por una Comisión de Diputados provincial presidida por Daniel Filloy (UCR), quien aseguró que durante 2001 la empresa había pedido préstamos realmente innecesarios -dadas sus ganancias- por casi 40 millones de dólares.

El mecanismo realizado por CODERE comenzaba con un préstamo millonario pedido por la empresa a un banco con sucursales en el exterior. El segundo paso consistía no en recibir el préstamo en nuestro país –para no pagar impuestos- así que se le pedía a la entidad bancaria que girase ese dinero a una cuenta offshore de algún paraíso fiscal. Luego la empresa de capitales españoles pagaba las cuotas del préstamo con sus ganancias por la explotación de los tragamonedas de bingos y casinos ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Así, gracias a que en ese momento se permitía la libre circulación de capitales, CODERE eludía el pago de impuestos a las ganancias porque esos millones estaban destinados a préstamos.

Según informaba el diputado Filloy, sobre todo el juego en la provincia de Buenos Aires (en ese momento más de 650 millones de dólares al año) pesaban sospechas de lavado de dinero, evasión o elusión de impuestos a través de mecanismos idénticos o similares a los ya explicados.

Pero el parecido entre los mecanismos utilizados por la empresa de los hermanos Franco y Martínez Sampedro y los negocios de Liberman en el terreno del juego no terminan allí, porque se repiten cuando vemos la intrínseca relación del dinero recaudado por esta “creciente industria” con el financiamiento ilegal de los partidos políticos del sistema.

Así, de la misma manera que ocurre con la relación Duhalde-CODERE, Liberman tiene contactos permanentes con el gobierno nacional, ya que no sólo es un asiduo visitante del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sino que también fue uno de los empresarios que viajó con Kirchner a China, como titular de la Sociedad Argentina de Medios.
A su vez, Liberman fue sindicado en varias informaciones como el empresario de medios que habría sido contactado desde la Casa Rosada, primero durante la administración Duhalde y luego durante la actual, para comprar las acciones del multimedios América que dejarían los actuales propietarios en minoría (8%), Daniel Vila (Grupo UNO de Mendoza) y el ex ministro menemista José Luis Manzano.

Para terminar momentáneamente con el tema del lavado del dinero y cerrar este informe sobre el negocio del juego con una prometida conclusión, aparece aquí el último elemento que completa el panorama de las oscuras relaciones del negocio con cuestiones ilegales: hablamos del narcotráfico. Según las últimas declaraciones realizadas en este sentido por el diputado Daniel Filloy, las investigaciones indicaban que “la cuestionada instalación de máquinas tragamonedas en la provincia tuvo derivaciones insospechadas. A punto tal que terminaron vinculando con el narcotráfico internacional a grupos empresariales que las explotan. Y del mismo modo arrojaron luz sobre el supuesto camino que habría encontrado el lavado de dinero para desembarcar en el territorio bonaerense”.

A su vez Filloy aseguró que un informe brasileño sobre el mismo tema, realizado por el ex senador y actual Gobernador del estado de Paraná (Brasil) Roberto Requiao, encontró relaciones de los directivos de la empresa CODERE no sólo con el narcotráfico sino también con la mafia italiana.

CONCLUSIONES: NEGOCIOS SUCIOS DE UN ESTADO COOPTADO

Durante la llamada “década menemista”, al mismo tiempo que el Estado Nacional (y luego los provinciales) abandonaban paulatinamente todas las acciones y tareas que significaban un mejoramiento del bienestar de la población, se producía un fuerte proceso de privatización y extranjerización de toda la sociedad, porque no sólo se privatizaron los servicios públicos y medios de comunicación a través de la ley “Dromi”, sino porque más tarde este mismo proceso acabaría mermando significativamente los recursos del Estado (las AFJP y sus “préstamos” al Estado).

Así se fueron extranjerizando cientos de empresas privadas de propiedad nacional; con la apertura económica indiscriminada, fueron cerrando miles de PyMEs que echaron a la calle a miles y miles de obreros y empleados; se fue privatizando y censurando el carácter público y libre que debe tener la información en una sociedad democrática; en conclusión, el Estado se fue corriendo del lugar del bienestar social para convertirse en una máquina de hacer dinero que vendía todo a las empresas españolas, italianas, francesas, chilenas o norteamericanas y se quedaba sólo con aquello que le insumía dinero .

Así se vendieron Aerolíneas Argentinas e YPF y hoy somos uno de los pocos países en el mundo que no tiene el control de los recursos energéticos ni la ganancia que éstos dan, que no sabe cuáles son sus reservas petroleras y gasíferas para los próximos años y que cobra una retención y un canon ridículo frente a la extraordinaria ganancia de las empresas extranjeras que explotan y venden los derivados del petróleo producido en nuestro país. No será ninguna novedad decirlo aquí, pero hay que repetirlo una vez más: durante la década del ´90 (y lamentablemente quizás podamos decir que hasta el día de hoy también, porque no ha cambiado mucho la cuestión y las malas relaciones del gobierno actual con las empresas del juego lo demuestran), el Estado fue cooptado por políticos inescrupulosos que no tuvieron ningún problema en rifar el patrimonio nacional, en destruir la industria y el pequeño comercio con la apertura comercial indiscriminada ni en hacer los negocios más sucios que uno pudiera imaginarse, ya sea “robando para la corona”, para enriquecerse individualmente o para financiar una y mil veces campañas políticas, actividades proselitistas u otros negocios oscuros.

La conexión se investigó, se censuró, se publicó y se repitió mil veces: narcotráfico, lavado de dinero, actividades ilegales y diversos tipos de delitos apañados, custodiados y dirigidos por la “maldita policía” bonaerense, y en el medio de todo esto un negocio floreciente que mueve cientos, miles de millones de pesos por año en todo el país: el juego.

No vamos a decir aquí que como el Estado Nacional y los provinciales fueron desprendiéndose de todo lo que daba recursos para entregarlo en manos privadas, entonces los partidos tuvieron que recurrir -además de a la caja negra del delito- al dinero sucio del juego, “industria” que aún hoy crece sin ningún tipo de control en la provincia más grande y más habitada del país. Pero hay una evidente relación entre los negocios que fueron surgiendo en los ´90 y las posibilidades de financiamiento y ganancias fáciles que fueron descubriendo los mandatarios provinciales.

Por eso decíamos al principio de este informe que el desarrollo del juego en todas las ciudades del país no sólo no ha cambiado la realidad -en el buen sentido de la palabra- sino que sin duda ha contribuido a profundizar las desigualdades e injusticias que tiene nuestra sociedad, quitándole dinero diariamente –con la falsa ilusión de una salvación que nunca llega- a las personas con menos recursos (recordemos que las investigaciones realizadas sobre los jugadores de lotería, tragamonedas o bingos indican que la gran mayoría son de clase baja o media baja), para transferirlo a empresas inescrupulosas y explotadoras de sus trabajadores, y a funcionarios que no dudan un segundo en promocionar como beneficioso a un negocio que sólo puede traer más injusticia, desigualdad y pobreza a una sociedad pauperizada y desmoralizada como la nuestra.

El Estado –o si se quiere la cooptación del Estado por políticos empresarios- encontró durante los años pasados (y dirá el tiempo si la seguirá manteniendo) una forma muy rápida, fácil y terrible de tomar los recursos del pueblo para utilizarlos en beneficio propio: obviamente no lo hizo sólo con el dinero obtenido a través de privatizaciones rápidas y dádivas empresariales; lo consiguió una vez más al desprenderse de un negocio que antes operaba el estado, dejando la concesión en manos de empresarios amigos, con relaciones políticas muy cercanas al poder.

Miles de máquinas tragamonedas sin control alguno; presidentes, jefes de Gobierno, gobernadores y funcionarios de lotería ejerciendo su poder una y otra vez para favorecer a sus amigos; empresarios prestando aviones para realizar campañas políticas; acusaciones constantes de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en un país que dice combatir el narcotráfico; cientos de trabajadores explotados, con distintas patologías y enfermedades provocadas por trabajar en salas de tragamonedas sumamente ruidosas salas de juego construidas en subsuelos que se inundan, y que nunca han sido inspeccionadas, en la Ciudad gobernada por un político preocupado sólo por mantenerse en el poder después de una masacre imperdonable.

Al mismo tiempo, todos los días, a todas las horas del día, miles de personas, humildes, esperanzadas, algunas al borde de la enfermedad, afectadas por la adicción de la ludopatía, llenando y llenando los bolsillos de una clase empresaria absolutamente inhumana y las oscuras arcas de un Estado infame que degrada día a día las vidas de todos los ciudadanos.
Todo esto... ¿Hasta cuándo?

(*) Informe realizado por el actual diputado Walter Martello Diputados del ARI de la provincia de Buenos Aires, bloque que hoy integra como vicepresidente. y su equipo de trabajo.